El Daraprim es un viejo fármaco, cuyo componente activo,
la pirimetamina, se usa desde hace décadas como profiláctico contra la
malaria y para combatir la toxoplasmosis.
El verano pasado, la compañía Turing Pharmaceuticals compró
sus derechos de venta en EE UU. En horas, un medicamento que valía 13,50
dólares pasó a costar 750.
El caso desató una gran polémica en ese país y el
fundador de la compañía ha acabado en los tribunales. Pero el del Daraprim
es solo el caso más extremo y mediático de las muchas historias en las que las
farmacéuticas maniobran para frenar la llegada de los medicamentos genéricos lo
antes posible y a un precio asequible, según afirma un informe.
"Las compañías farmacéuticas tienen hoy una única
misión: maximizar los beneficios para los accionistas y las bonificaciones para
los directivos aún a costa del perjuicio y la muerte de los pacientes", dice el profesor del Centro
Anderson para el Cáncer de la Universidad de Texas (EE UU), Hagop
Kantarjian. "Se trata de un cambio fundamental en su misión
tradicional que era dual: ayudar a los enfermos mientras lograban una
beneficios razonables", añade.
Kantarjian y un grupo de colegas, entre los que hay médicos
y profesores de derecho expertos en patentes, han publicado un informe con
las tácticas que usan las grandes farmacéuticas para retrasar la llegada
de los medicamentos genéricos que puedan restar mercado a sus propias
formulaciones. El estudio, que se centra en la situación en EE UU, ayuda
a entender un fenómeno que parece paradójico:
el progresivo incremento del precio de los genéricos.
La investigación, publicada en Blood, la revista de la Sociedad
Estadounidense de Hematología no se basa en ninguna trama oscura, se apoya
solo en datos públicos de la Comisión Federal del Comercio de EE UU, informes
de la Comisión Europea o resoluciones judiciales. Así que el relato solo cuenta
lo que se sabe y se ha demostrado.
En EE UU, la industria farmacéutica y de la salud es el
mayor grupo de presión ante los políticos. Solo en aquel país, el sector
dedicó más de 475 millones de euros en 2015 a hacer lobbying, es decir, presión
política, según datos del Senado estadounidense. Buena parte de los esfuerzos
de lobby de los medicamentos se concentra en endurecer el régimen de
patentes y defender la propiedad intelectual e industrial de las grandes
compañías estadounidenses en el resto del mundo.
Pero hay otras tácticas no tan legales. Es el caso de lo
que llaman Pay-For-Delay, o pago por retrasar la llegada de los genéricos. Cuando la patente que
protege un fármaco de marca está a punto de expirar o, es cuestionable ante los
tribunales, la farmacéutica dueña del medicamento paga a los laboratorios que
pensaban sacar un genérico para que no lo hagan. Este mecanismo se puede
retorcer aún más: las grandes farmacéuticas denuncian a los pequeños
laboratorios por infringir su patente pero, en vez de exigirles una
compensación económica, acuerdan pagarles una cantidad a cambio, de retrasar su
genérico.
Así,
entre finales de 2005 y principios de 2006, la farmacéutica Cephalon firmó
cuatro acuerdos con otras tantas compañías de genéricos para que no lanzaran al
mercado sus versiones de un medicamento para tratar problemas del sueño y que
entonces hacía furor, el Provigil (modafinilo). El año pasado, tras años de
litigios, Teva Pharmaceutical Industries (que había comprado Cephalon), acordó
con la FTC compensar a aseguradoras, farmacias y usuarios con 1.200 millones de
dólares.
Uno de los coautores de este informe, el profesor de la
Universidad Rutgers, Michael Carrier, analizó en un estudio previo otra de las
artimañas usadas por algunas de las grandes farmacéuticas. Se trata de la
introducción o el simple amago de un genérico autorizado por la propia compañía que
posee la patente. En principio, esta entrada puede tirar de los precios para
abajo pero, como escriben los autores, "la amenaza de la creación de un
genérico autorizado, sirve como herramienta de coerción". De hecho, en
muchos acuerdos se incluye la cláusula de que la detentadora de la patente se
compromete a no sacar su propio genérico.
La FTC, que tiene una sección dedicada solo a vigilar
estos acuerdos, estima que el pago por frenar la llegada de los
genéricos en cualquiera de sus versiones tiene un coste para la sociedad
estadounidense de unos 3.500 millones de dólares al año, su mayoría en forma
de sobrecoste de los fármacos.
Aunque el informe se centra sobre todo en la situación de
EE UU, el problema del retraso de los genéricos por las maniobras de la
industria, no es exclusivo de ese país. Desde 2009, la Comisión Europea
fiscaliza los acuerdos entre fabricantes de fármacos de marca y genéricos por
litigios de patentes. El sexto informe, publicado en diciembre pasado y
correspondiente a 2014, desvela que el 39% de los acuerdos incluía alguna limitación
de entrada del genérico en el mercado y el 12%, además, añadía algún tipo de
compensación por parte de la dueña de la patente.
Uno de los casos más sonados fue el seguido contra la farmacéutica Lundbeck que, en 2002,
acordó con cuatro fabricantes de genéricos que retrasarían la llegada de sus
fármacos. Una década más tarde, la Comisión Europea impuso una multa
a Lundbeck de casi 94 millones de euros. Pero los laboratorios de
genéricos también recibieron multas por un total de 52,2 millones de euros. Y
es que, como muestra el informe, estos acuerdos benefician a las dos partes.
"Hay que tener en cuenta que el mercado de los
genéricos de EE UU es muy diferente del europeo", recuerda el profesor de
trabajo social de la UNED, Miguel del Fresno.
En España, por ejemplo, el precio de los genéricos está
regulado, lo que desincentiva alguna de las herramientas que usa la industria
farmacéutica. Pero, aún así, del Fresno añade otra a la lista. En 2014, este
investigador y su colega Antonio López publicaron un estudio sobre la
imagen de los genéricos en Internet. Su conclusión principal es que: “existe una estrategia de comunicación explícita, con un objetivo
muy claro: generar percepciones de riesgo (de los medicamentos genéricos) a su
alrededor para frenar su aceptabilidad social".
Fuente: http://elpais.com/
