En la última década, en España se han disparado notablemente la criminalidad y la inmigración ilegal, según datos del Ministerio del Interior y fuentes policiales. Todo ello ha influido para que bandas criminales se organicen y lleven a cabo las “okupaciones”, concretamente a una media de 40 propiedades asaltadas al día, la gran mayoría en Madrid y Barcelona. La situación ha empeorado, e irá a peor debido a la crisis pandémica que se vive.
El impacto negativo de una ocupación ilegal supone entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda y una pérdida de valor de los inmuebles de entre el 40% y el 60%. Los “okupas” pueden presentar fácilmente cualquier tipo de título o contrato falso facilitado por las mafias para justificar la posesión del inmueble, lo que retrasa el desalojo y dilata los procedimientos. Cortar la electricidad o el suministro de agua no es buena idea, ya que los “okupas” podrían denunciar al propietario, por delito de coacciones con fuerza en las cosas, y dejar de pagar supondría ser parte de un listado de morosos y no poder pedir un crédito para comprar un colchón o un televisor.
En España
la “okupación” es un
delito leve, lo que evita que la multa pueda aumentar por reincidencia. Solo en
caso de ocupación violenta o intimidatoria, el Código Penal castiga a los delincuentes
con penas de prisión de entre 1 y 2 años. Sin antecedentes, no irían a la
cárcel.
En Francia, la policía puede desalojar, sin
orden judicial, durante las primeras 48 horas.
En Alemania, las casas son desalojadas 24 horas
después de conocerse y denunciar la ocupación.
En Holanda, basta con denunciar a la policía,
que, una vez verificado el título de propiedad, acudirá de inmediato con una
autorización judicial para desalojar a los okupas.
En Inglaterra, por un lado, se puede denunciar
ante la policía, que arrestará a los okupas, y tienen hasta 28 días para
presentar un documento de “posesión interina”, o en caso contrario, tendrán que
abandonar la vivienda en 24 horas.
En Italia, tras la denuncia policial, se
celebra un juicio rápido y los agentes proceden al desalojo. Además, deben
pagar los daños ocasionados en la vivienda e incluso pueden ir a la cárcel.
Por último, en Dinamarca y Suecia, también basta con denunciar ante la
policía para el desalojo inmediato.
El porcentaje de vivienda social en España es de un 2,5%. Las viviendas sociales en Austria, suponen el 24% del total; casi un 29% en Dinamarca; un 13% en Finlandia; el 17% en Francia; el 17,6% en el Reino Unido y el 30% en los Países Bajos. La media europea es de un 11%.
Esta dejación del Gobierno Español es más que evidente, y da la impresión de que a los actuales gobernantes, les resulte cómodo permitir que se vulnere la propiedad privada ya que no piensan crear vivienda social para los más desfavorecidos.
Los españoles solicitan que: la policía pudiese actuar en cuanto un propietario denuncie y demuestre que la casa es suya. Por otro lado, ayudaría el endurecimiento de las penas. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Una Reforma legislativa para que los ocupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. Que la participación en estas conductas ilegales les excluya de las ayudas sociales”.
Con esa misma fecha, el Grupo Parlamentario VOX, presentó ante la Mesa del Congreso de los Diputados, una “Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para modificar el artículo 245 a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales”.
Fuentes varias en la Red
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