Según J. García, experto en salud pública
en la Universidad de Harvard, en EE.UU., "Es frecuente que, en los contratos entre los sistemas de
salud de cada país y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de
confidencialidad. Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder
negociar precios distintos, con los distintos países.
Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos,
ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo
cantidades más altas a los más ricos”.
Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto, la
información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas
de responsabilidad. En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios
en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si
hay diferencias, no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes
especiales de arbitraje internacional.
Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia
por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de
dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a
aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.
En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública, la
Comisión Europea se decía que "la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna,
incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los
Estados miembros que la adquieran".
La confidencialidad en los contratos, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados
"subsidios cruzados". Al poder cobrarles más a los países ricos, los
laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países
con menos recursos.
El economista David Bardey señala en
conversación con BBC Mundo, que si hubiera transparencia en los precios de los
medicamentos, "sería más complicado para los laboratorios cobrar precios
más altos a los países más ricos, si estos se enteran de los precios menores
para otros países".
"Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor
que los precios no sean públicos", indica el
experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las
que necesitan porque "sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión
pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario".
Se suele aludir también al derecho que
tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que
hacen en investigación.
Y un tercer factor son los
derechos de propiedad intelectual. Un experto español en
salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio,
están jugando los grandes laboratorios occidentales: "Están defendiendo su
patente para evitar que otros la fabriquen, por ejemplo, en la India y se las
vendan a menor coste a los países pobres".
Jonathan García cree que los argumentos a
favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.
"Estamos hablando de
una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que
uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y
buscara un esquema más cooperativo. En cambio, vemos que se sigue buscando un
mercado monopólico y mantener ventajas en los precios".
Las diferencias en el acceso a las vacunas
han llevado al mundo a un riesgo de "fracaso moral catastrófico",
como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor
Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a
tener que esperar años para inmunizar a su población.
La historia de las epidemias
muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la
viruela, enfermedades erradicadas mucho antes, en los países más avanzados.
O con el VIH, que todavía
diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer
mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al
desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.
"Los medicamentos están
disponibles; el problema son los costos", indica
García.
Y los países de renta media, como la
mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los
laboratorios mostrar una actitud exigente como en la Unión Europea, un bloque formado por 27
estados entre los más prósperos del mundo.
Por lo anterior, los gobiernos firman contratos con las compañías que
han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información
crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a
estrictas cláusulas de confidencialidad. Cuánto cuestan o cómo se distribuirán
son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así
lo exigen los acuerdos firmados.
Fuente: Guillermo D. Olmo
@BBCgolmo
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